Éste es el acta del Consejo de Ministros en el que Sánchez aprobó el ‘sí es sí’ pese a saber el riesgo

La conocida como Ley del sólo sí es sí, que hasta el momento ha beneficiado al menos a 1.079 violadores, pederastas y abusadores sexuales -de los cuales 108 han sido excarcelados- fue aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados el 25 de agosto del año pasado. Apenas un mes después de su entrada en vigor, en octubre, se empezaron a conocer las primeras rebajas de condena a agresores sexuales. La polémica desembocó en la mayor crisis del Gobierno de coalición en la legislatura. Todo ello se inició, en cambio, algunos meses atrás, en el Consejo de Ministros reunido el 6 de julio de 2021, y presidido por Pedro Sánchez. En esa reunión, se dio luz verde al proyecto de ley orgánica, permitiendo así el inicio de su andadura parlamentaria, con las consecuencias ya por todos conocidas.

La norma llegó a ese Consejo de Ministros tras múltiples desencuentros entre los dos socios. El ex vicepresidente Pablo Iglesias llegó a referirse al entonces titular de Justicia, Juan Carlos Campo, como un «machista frustrado» por las alegaciones técnicas de su departamento que habían retrasado la ley estrella de Irene Montero. Como prueba de esos desencuentros, ningún responsable de los dos ministerios proponentes, Igualdad y Justicia, comparecieron ante los medios tras el Consejo de Ministros. Montero la celebró a través de un vídeo en las redes sociales.

Riesgos

Lo cierto es que Sánchez aprobó la ley pese a conocer sus riesgos, y advertir sobre ellos. Como reveló este periódico, Moncloa dirigió un informe a Igualdad en el que advertía sobre las rebajas de pena. El documento, fechado el 16 de septiembre de 2020, prueba el desacuerdo con la reducción de las horquillas penales para los delitos sexuales e insta a mantenerlas en el rango contemplado entonces en el Código Penal.

Las condenas, observaba con preocupación el Ministerio de la Presidencia, quedaban «sustancialmente reducidas» con la nueva ley. Cabe recordar, por ejemplo, que, la violación implicaba penas de prisión de 6 a 12 años y que, con la Ley del sólo sí es sí, la condena mínima se vio rebajada a los 4 años. Así, Moncloa concluía: «No parece estar justificado, a la vista del objeto del anteproyecto, ni un incremento, ni una atenuación penológica de estas figuras, por lo que sería necesario revisar esta cuestión en el anteproyecto, de forma que las penas se mantengan de forma equivalente a su regulación actual».

También Justicia e Igualdad sabían de los riesgos. Como ha contado este periódico, ambos ministerios mantuvieron varias reuniones en las que se realizaron comprobaciones para estudiar al detalle las posibles revisiones. Concluyeron que hasta un 2% de las condenas podrían ser revisadas, una cifra muy inferior a la actual, pero que demuestra que eran conocedores de sus previsibles consecuencias.

Pese a esas consecuencias, ningún miembro del Gobierno ha asumido responsabilidades políticas. En su lugar, han culpado a los jueces por la «mala aplicación» de la ley debido a su «machismo». La reforma promovida por el PSOE para elevar las penas no tendrá ningún efecto en los ya condenados, a los que se les aplicará la ley más favorable, como dicta el Código Penal: «Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario».

Las consecuencias de esta ley han llegado al Parlamento Europeo y a Naciones Unidas. La Eurocámara emitió recientemente un informe en el que destacaba la «alarma social» generada. Hace unos días, la ONU publicó también su evaluación a las políticas del Gobierno español para la protección a la mujer mostrando su preocupación por la excarcelación de violadores.